Al hacer una retrospectiva de las innumerables vicisitudes por las que ha cruzado el conflicto de la ex Ruta 100, su líder moral Jorge Cuellar Valdez consideró que a 21 años de su trágico estallamiento, tendría “un final feliz” pero con un corolario “amargo”.
Para que haya ese “inminente final” solo basta que esos agentes de poder inmiscuidos de una u otra manera entorno al cúmulo de complicidades, es la voluntad política de las autoridades locales.
La confabulación del Conflicto Laboral se fue degenerando a partir de 1995 en la época de los gobiernos priistas cuando reventó por completo la Ruta 100, una empresa descentralizada ejemplar en materia de transporte urbano en México para América Latina.
Y aun cuando pudieran esos agentes de poder resolver Política y Jurídicamente el conflicto R-100, paradójicamente “todos saldrían ganando”.
Unos, los trabajadores de la ex Ruta-100 que están luchando yéndose a sus casas con la recuperación de sus inversiones, liquidaciones que la dupla Barco/Camacho les jineteó por dos décadas, incurriendo éstos hasta la saciedad para consolidar su robo convertido en un fraude gravoso contra los ex ruteros de la 100, quedarían finalmente “sanos y salvos de no ser ejecutoriados judicialmente por el mallete de un escrupuloso impartidor de justicia”. Serían exonerados con la ayuda de “abogados del mal”, y con el desistimiento de los demandantes.
Otros, agentes de poder, estarían satisfechos, gozando desde sus escritorios ejecutivos “su éxito” de haber podido finiquitar la tragedia de la Ruta 100, desdicha que ha perdurado más de dos décadas como un crimen financiero de lesa humanidad perfecto, causándole daños patrimoniales de Estado, donde esos agentes de alto poder con y sin rostro, a través de los años, permitieron la conformación y fortaleza de una cofradía de delincuentes de cuello blanco, y que próximamente podrían hasta dormir tranquilos sin la zozobra de verse algún día tras las rejas o que la chota los ande persiguiendo como a Duarte el de Veracruz, que anda ahora a salto de mata.
Barco/Camacho en su metafórica exoneración, ya no se verían purgando un delito tras las rejas luego de ocasionar lateralmente la muerte violenta de varios funcionarios y el sufrimiento de miles de ex choferes y el de sus familias, que ya se fueron de este mundo sin que se les hiciera justicia, afirma Cuellar al ser entrevistado en la Plaza de la Constitución, en ocasión de su acostumbrado mitin semanal.
Cuellar Valdez quien junto con cientos de sus “compañeros en desgracia” y que lastimosamente no han visto su suerte por las acciones antijurídicas por las que han vivido por parte de las autoridades judiciales de la Ciudad de México, tiene ahora, una visión diferente a la del reciente antaño. “El conflicto de la ex Ruta 100 está por finalizar…”, sospecha.
Han sido –memoró- 21 años de intensa e incansable lucha; infinidad de veces nos hemos sentido impotentes por la serie de manifestaciones que las propias autoridades nos han ido poniendo barreras antijurídicas para proteger a los delincuentes que llevaron a la quiebra a la Ruta 100.
Atina en re-acusar a Ricardo Barco López y a Gabino Camacho Barrera, dos sujetos de peligro que en tiempos idos, fueron dirigentes de este mismo gremio al cual traicionaron “llevándose entre las patas y sus dineros que ganaron con el sudor de sus frentes” a los desvalidos choferes de la R-100.
Semana por semana, exigen justicia; “pese a nuestro alarido, nadie nos oye, pero aun así, desde hace muchos años ya formamos parte del folclor de la protesta popular de la capital de la República. El Zócalo de la Ciudad de México ha sido nuestra casa a partir de hace 21 años; se ha convertido en el sitio de nuestro refugio, nuestro propio escenario político, nuestro calvario laboral, nuestro escenario que si ‘platicara’, su mudez estaría plagada de múltiples, escandalosas e históricas desgracias”.
Pero las fauces de ese híbrido “monstruo de la impotencia”, no los ha asustado. Reiteradamente, a viva voz en el entorno de la plaza pública, gozan de su derecho de libertad de expresión, de recordarle hasta el 10 de mayo a todo funcionario inflexible que no cumple a cabalidad con los protocolos de su función pública. Por eso el conflicto de la ex Ruta 100, permanece hasta hoy en día.
A todo conflicto en periplo le llega el periodo de resolución. Los términos de la Jurisprudencia están por llegar. El de la ex Ruta 100 no es la excepción.
Cuellar Valdez, el líder Moral de este movimiento sociopolítico y Laboral que se confunde pero resalta entre la monstruosidad del bullicio de la ciudad, refuerza sus cuerdas guturales.
Al grito de guerra: “¡SUTAUR… vive… vive… vive…!” “¡La lucha, sigue… sigue… sigue…!” “¡Si no hay justicia, no habrá paz!” “¡Hasta la victoria, compañeros!”, es el sello de su frialdad y devenir obrero, revestido de un liderazgo que refleja cada vez que lo escucha el pueblo mexicano, debido a la elocuencia de su discurso riguroso, en el que se conjuga del porqué la lucha obrero-popular, con esa exclamación, que retumba más allá de la Catedral Metropolitana, hasta hacer rechinar las siniestras criptas del centro ceremonial religioso.
Observa que la conclusión del conflicto de los choferes de la ex Ruta 100, “está por fenecer”; dice estar “a la vuelta de la esquina”. Tanto el Jefe Mancera como su tenaz coordinador jurídico, Manuel Granados Covarrubias, han mostrado la inteligencia de ayudarlos.
Forman parte de esa preocupación concertada por la sensibilidad de su comprensión y talento político como funcionarios públicos.
Admiten no tener ni generar broncas, y están dispuestos a resolver este añejo problema porque la elección presidencial del 2018, está a dos años de celebrarse. Quieren llegar virtuosos sin escándalos.
Desean culminar su función como buenos gobernantes ayudando a la gente. Saben que así debe ser, porque son escaparate no de un simple negocio de la histórica calle Francisco I. Madero, sino el buen reflejo del vecino de enfrente, que constitucionalmente es el Jefe del Ejecutivo federal y que despacha en Palacio Nacional.
Mancera, Granados y el procurador Rodolfo Ríos, tienen puesta la camiseta, y no se diga el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el doctor Édgar Elías Azar, quienes están en espera de las resoluciones de 884 quejas penales promovidas por miembros de ex Ruta 100, en contra de Ricardo Barco López y Gabino Camacho Barrera.
-Sin sentencias, no hay pago. ¿Qué significado tiene esta estrategia don Jorge?, se le consultó al líder de ex Ruta 100, quien ilustró a sus tribunos las exigencias que deben cumplir para lograr rescatar lo que les robaron.
-Sí, sin sentencias no hay pago. Esa es la tónica que han tomado las bases de las negociaciones con el gobierno de la Ciudad de México, tenemos que presentar las sentencias judiciales al gobierno para demostrar que somos los legítimos reclamantes de nuestros patrimonios que nos fueron despojados, nuestras empresas, nuestros camiones, nuestros dineros que invertimos, nuestras propiedades de las cuales fuimos estafados por un grupo de rufianes, malvivientes, delincuentes de “Cuello Barco” (cuello blanco).
Ellos –directamente acusa- fraudulentamente tienen las propiedades del SUTAUR 100 o bien el Patrimonio Sindical, además tienen las Empresas de Grupo Metropolitano del Transporte con 45 rutas y Tres líneas del Metrobus en su poder. La situación es simple, hoy tenemos que demostrar lo que estamos reclamando con acusaciones fundamentadas para que no haya duda de nuestra actuación en los Juzgados Civiles y Penales, para la reintegración del 28% y 30 % que se otorgó para la creación de empresas que beneficiarían a nuestros compañeros trabajadores, y lamentablemente fuimos defraudados.
Apunta que en el litigio se reclama los bienes inmuebles que pertenecen al SUTAUR 100, y que como sindicato, soslayaron las legalidades al comenzar a vender clandestinamente las propiedades, como es el caso de 20 mil metros en la zona de Guelatao (Cabeza de Juárez, en Iztapalapa), contemplados para que nos entregaran viviendas de los trabajadores, cuando quebró la empresa.
También teníamos 36 mil metros en El Ajusco, que nunca nos pagó el gobierno. Luego quedó pendiente también el complemento para liquidar las pensiones, que ascendía a millón y medio de pesos. Todo eso se ha acumulado, nuestro despacho contable hizo una cuantificación del Daño Patrimonial de Estado, en el año 2010, y desde entonces venimos reclamando, con base a esos parámetros, pero no ha habido una sentencia por parte del TSJCDMX.
Cuellar Valdez, revela que el gobierno de la ciudad está dispuesto a ejercer el derecho a favor de ex Ruta 100. Señala que a través de los años, en los litigios promovidos siempre se acreditaron con documentos certificados, sus demandas legítimas, pero las fuerzas del mal y las mafias del poder, la balanza de la justicia la columpiaron y la corrompieron en su contra.
A tantos años, aun recrimina las ilegalidades de quien fuera jefe del entonces gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, quien con todo el aparato de justicia “nos acusaron de despojo” cuando supuestamente invadimos nuestros centros de trabajo.
Destaca: “López Obrador nos despojó, nos sacó de los módulos que teníamos tomados, también 400 camiones que teníamos tomados ahí en esas empresas, para exigir a final de cuentas de la administración fraudulenta que nombró Ricardo Barco. López Obrador y Martí Batres Guadarrama, no quisieron firmar el convenio que ellos mismos nos mandaron a rubricar, aquella noche del 27 de julio del 2003.
“Posteriormente, el 23 de septiembre nos manda a desalojar con la fuerza pública. Iniciamos una serie de demandas y denuncias penales en la Procuraduría, reuniéndose más de dos mil compañeros denunciantes en la Procuraduría, y alrededor de 17 demandas civiles fueron también un FIASCO porque los abogados se vendieron, distorsionando nuestro reclamo. Se fueron con base a pedir cuentas y solicitar información de las empresas y eso es lo que sentenciaron en los juzgados 11, 15 y 37 civiles.
“Demandaron rendición de cuentas de Barco y de Gabino, pero éstos de forma astuta y con mucho dinero, dijeron que estaban dispuestos a rendir cuentas, pero plantearon el reto a su contraparte acusadora que presentara a través de despachos contables, las auditorías necesarias, pero pudo más el poder de la corrupción que el mismo hecho de que se nos hicieran justicia en su momento”, documentó.
Hoy –continuó- hemos cambiado la tónica, hemos admitido que no nos rindan cuentas de nada, sino la exigencia que nos devuelvan nuestro dinero que forma parte de nuestro patrimonio económico, con sus rendimientos bancarios y empresariales, que para ello, presentamos documentos certificados del fraude doloso cometido en nuestra contra.
La ex Ruta 100, luego de promover 884 carpetas penales por el presunto delito de fraude doloso y Daño Patrimonial de Estado, espera que el TSJCDMX emita a finales de este año, o a principios de 2017, las primeras resoluciones para que les reintegren el dinero que les fue defraudado.
No obstante de ello –dijo- el gobierno tiene que destinar una partida presupuestal, tiene que pedir una partida especial a la Asamblea Legislativa para que cubra el pago a este grupo de reclamantes. Fechas aún no tenemos porque forma parte de un juicio que debe ser analizado a conciencia para corroborar lo defraudado por Barco López y Camacho Barrera.
-Con el recorte presupuestal y la desaparición del Fondo de Capitalidad, ¿de qué manera afectaría la solución del conflicto ex Ruta 100.
En este contexto, Cuellar Valdez afirma: “Considero que es una deuda histórica, únicamente que no podemos reclamar a lo aventurado para llegar a una sentencia judicial ejecutoriada. Pensamos que la VII ALDF, está consciente de esta deuda, sobre todo porque ratificó el acuerdo de la VI ALDF”.
El líder moral de ex Ruta 100 narra: “El Senado de la República le ordena al Gobierno del Distrito Federal, que pague lo que se le debe a la ex Ruta 100. Es decir, que las instancias legislativas federales y locales están de acuerdo en que nos paguen”.
Pero destaca: “En caso de una reducción presupuestal, se debe hacer una separación, un Provisionamiento, en este rubro en especial. Yo creo esto debe de ser así. Nosotros observamos la buena voluntad del Jefe de Gobierno y también de la Consejería Jurídica para sacar este asunto adelante, porque les conviene porque no van a liquidar en un solo paso a los 12 mil cuatro compañeros que desde un inicio perjudicó a ese número de compañeros, sino aproximadamente a unos dos mil. Les conviene porque tiene un significado, históricamente se están ahorrando muchos millones de pesos. A todos nos conviene que el añejo asunto de la ex Ruta 100 tenga una culminación de buena forma”.
-De solucionarse este conflicto, ¿cómo quedarían las demandas penales en contra de Ricardo Barco y de Gabino Camacho, cuál sería el destino final?
-Efectivamente –mencionó- en el asunto de los adeudos del gobierno, es la Reparación del Daño Patrimonial de Estado, ahí no tendrían ningún problema ni Barco ni Gabino. En donde van a tener problema seguramente es el reclamo del 30%, porque ahí, o nos pagan o se van a la cárcel. Ahí la tienen difícil…
Y precisa: “…pero ni tan difícil, porque son 884 compañeros los demandantes; pero vamos a suponer que se junten unos 200 compañeros más, le pagan a mil y se ahorran los de seis mil más que forman parte del cuerpo de inversionistas, es decir, somos en total siete mil 12 los inversionistas.
También –presupone- les conviene porque se quedarían con las empresas. Evolutivamente multiplicarían su riqueza que ya de por sí es multimillonaria. Seguirían usufructuando tres de las más importantes Líneas de Pasajeros Urbanos del Metrobús: el Eje 6 de Montevideo; el Eje 4 Sur Xola; y la Ruta 1 Insurgentes, o sea, esta negociación conviene a todos. Y ya de lo demás nosotros no nos metemos.
-Con los hechos de impunidad a favor de Barco y de Gabino, ¿hasta dónde podrían salir beneficiados?
-En lo que corresponde a nuestra parte, nos tendríamos que desistir para poder cobrar. En el caso de los demás que pertenecen a grupos antagónicos a la ex Ruta 100, quien sabe… ya sería bronca de ellos; a nosotros que nos den nuestra lana con sus respectivos rendimientos, y estaríamos todos contentos.
-Cómo calificaría si se diera ese escenario, quedaría solidificado un fraude financiero, completamente aceitado, maquinado y desarrollado; cómo lo interpretaría, o llegar hasta pensar que fue un fraude concertado a largo plazo…, se le planteó.
-Independientemente de la salida política –respondió- no dejaría de ser un fraude. Quedaría como un análisis para la historia, para la Jurisprudencia de la Judicatura, una situación de un caso que nunca pudieron resolver con justicia y dignidad, y que fue una situación de complicidades entre un grupo de mafiosos en confabulación con diversas autoridades tanto como gubernamentales, como judiciales en sus más diversos rangos de gobierno.
Quedaría como un caso para la historia de la justicia para este país –insistió-. Sentaría un mal precedente por no haberlo resuelto a tiempo y por haber dado preferencia a un grupo de delincuentes que siempre han aportado presupuestos para las campañas políticas a los gobiernos en turno. Como fue el caso de Ruta 100, es una copia exacta. Ruta 100 fue “una caja chica” de los gobiernos priistas de la Ciudad de México, porque transporta a multitudes, entrándole bestialmente dinero que servía de fondo económico y financiero a todas las campañas políticas-electorales del partido tricolor en su momento. Hoy –puntualiza- no quisiéramos pensar que el partido que gobierna a la Ciudad de México, siga esa misma estrategia.
“No hay forma de explicarse esto, más que la situación de la corrupción que impera en nuestro país, es un problema que lamentamos porque además de estar peleando por nuestros derechos, estamos luchando en contra de la corrupción, la impunidad y por la justicia en nuestro País. Eso sería, digamos, un mensaje para el Poder Judicial, tanto para el Fuero Común y el Fuero Federal”, concluyó.